Una pareja frente al ordenador y con papeles preocupados porque les han incluido en un fichero de morosos

La inclusión en un fichero de morosos es una práctica bastante habitual para ejercer presión en la reclamación de una deuda. En muchas ocasiones escuchamos que tanto empresas como particulares, que han sido o son clientes de entidades financieras y usuarios de diversos servicios como los telefónicos o de suministros varios, se ven incluidos en ficheros de morosos de manera inesperada, sin tener conocimiento de ello, utilizando la superioridad que tienen, como grandes compañías, respecto del consumidor.

En la mayoría de los casos, cuando llega el fin de la relación contractual de forma controvertida, estas compañías olvidan los requisitos legales que se exigen e incluyen indebidamente a sus clientes en ficheros de morosos sin percatarse de la intromisión ilegítima que están cometiendo respecto del derecho al honor de los mismos con dicha actuación.

La inclusión indebida en un fichero de morosos supone una intromisión ilegítima respecto del derecho al honor

Debemos partir de la base de que, aunque para la sociedad suelen resultar farragosos y oscuros, estos ficheros son legales. No obstante, debido a la relevancia que supone la inclusión en estos ficheros para la intimidad y el honor de la persona, la legislación tasa unos requisitos muy claros para la correcta inserción. Vamos a despejar dudas que rodean los ficheros de morosos.

La Ley de Protección de Datos, en su artículo 29, regula y ampara la existencia de ficheros de morosos y a su vez exige una serie de presupuestos para que la inscripción de una deuda sea válida.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para incluir a una persona en un registro de morosos?

El artículo 29.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establece que los responsables del tratamiento de datos:

“Solo podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos”.

Ese precepto es desarrollado por los artículos 38 y ss del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada ley, que establecen los requisitos para proceder a dicha inclusión:

  1. Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible;
  2. Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda;
  3. Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación, con advertencia de que, en caso de no producirse en el término previsto para ello, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Asimismo, el artículo 43 de ese mismo texto legal añade que “el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común”, de modo que “será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Demasiadas inclusiones por error

Cualquiera a día de hoy puede verse incluido en un fichero de morosos. Muchas de las inclusiones se realizan sin que haya una deuda de por medio o sin cumplir los requisitos mencionados. También son frecuentes los casos de usurpación de personalidad, de contrataciones fraudulentas.

Según la Memoria de 2016 de la Agencia de Protección de Datos, un 21,5 % de sus resoluciones sancionadoras fue por inserciones indebidas en ficheros de morosos y el importe de las sanciones alcanzó más del 65% del importe global de sanciones impuestas por la Agencia.

¿Cómo puede saber si estoy en un fichero de morosos?

Es una situación cada vez más recurrente. Suele destaparse cuando el interesado solicita un crédito y le es denegado en base a su cuestionada solvencia. Bien, esto, con la legislación actual, no debería ocurrir.

Puede que le hayan notificado, y que por distintos motivos (ausencia en el domicilio, cambio de dirección) no lo haya recibido. La Ley de Protección de Datos garantiza al ciudadano los conocidos como derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y los ficheros de morosos no son una excepción. Así que, en efecto, completando un formulario, y dirigiéndolo a la entidad en cuestión, podremos disponer de una relación tanto de los créditos pendientes, como las entidades que se hayan “interesado” por nuestro perfil en los seis meses anteriores.

Según la Ley Orgánica 15/1999, tan pronto como se entra en una lista de morosos, el afectado debe ser avisado, por el propio registro, en un plazo máximo de 30 días, para que éste pueda informarse, y sobretodo ejercer los referidos derechos ARCO. Lo habitual es que, si estas cartas se envían, se hagan a direcciones antiguas o se extravían por lo que el ciudadano no llega a enterarse.

Si realmente yo no debía la cantidad que predicaba el fichero, ¿puedo exigir que se me indemnice por el perjuicio causado?

Jurisprudencia

En función de la normativa que hemos venido citando, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de Pleno de 24 de abril 2009 establece que: “no cabe inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza”.

En este mismo sentido el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 6 de marzo de 2013, ha incidido en que “la inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, amparándose en el temor al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegación del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal práctica los gastos que conllevaría la iniciación del correspondiente procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de las deudas que reclaman”.

Las inclusiones indebidas en ficheros de morosos deben ser indemnizables

Por este motivo, el Tribunal Supremo ha concluido reiteradamente que la inclusión errónea de una persona en un registro de morosos, sin que concurra veracidad, constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su propia estimación. Es por ello que tales inclusiones indebidas, deben ser indemnizables.

Cuantificación de la indemnización

En cuanto a la cuantificación de la indemnización, el artículo 9.3 de la propia Ley Orgánica 1/1982, prevé una presunción de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, como es el caso del tratamiento de datos personales en un registro de morosos sin cumplir las exigencias que establece la Ley.

La STS de 18 de febrero de 2015, aborda la determinación de la cuantía indemnizatoria estableciendo que el perjuicio indemnizable ha de incluir “el daño patrimonial, y en él, tanto los daños patrimoniales concretos, fácilmente verificables y cuantificables (por ejemplo, el derivado de que el afectado hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir financiación al estar sus datos en uno de estos registros), como los daños patrimoniales más difusos pero también reales e indemnizables, como son los derivados de la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar servicios, y también los daños derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia personal y profesional causados por dicha inclusión”.

También incluye como perjuicio digno de ser indemnizable el daño moral, tanto por la “afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, como en el externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas”, teniendo en cuenta para valorar esto último la divulgación que ha tenido tal dato, así como la angustia que hubiera producido las gestiones para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente incluidos en los ficheros. Estableciéndose los importes de las indemnizaciones, según el caso, entre los 8.000 y 10.000 euros.

Conclusión

Como corolario, si crees que puedes estar en esta situación o conoces a alguien que la haya sufrido, no dejes en el olvido el daño. Desde nuestras oficinas podemos estudiar el caso concreto y asesorarte sobre tus opciones legales.

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