La entrevista se ha actualizado en mayo de 2020 para incorporar la visión de la CEPYME y su presidente, Gerardo Cuerva, sobre la situación tras la crisis del COVID-19
El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, defiende el papel de las pequeñas y medianas empresas en la vida social y económica y demanda introducir reformas que contemplen el renovado equilibrio entre flexibilidad y seguridad, reduzcan los costes de la contratación y permitan un ajuste de los costes laborales a los requerimientos de competitividad de las pymes
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El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre la actividad de las pymes ha sido enorme y, en algunos casos, insalvable. El parón de actividad durante más de dos meses, que solo paulatinamente va recuperándose, ha supuesto pérdidas muy cuantiosas para las empresas; en sectores como la hostelería y el turismo, ha condicionado la actividad de las empresas en un momento clave, como es la campaña estival, pero también ha afectado gravemente a otros, como el transporte o la industria del automóvil y los efectos indirectos se han extendido prácticamente a todos los sectores económicos.
Todo ello se ha producido, además, en un clima de enorme incertidumbre y confusión en la adopción de medidas y regulaciones.
Según el último Barómetro que hemos llevado a cabo en CEPYME, el 85% de las pymes ve riesgos para la supervivencia de su empresa y solo un 40% prevé mantener el empleo en un plazo de un año.
¿Qué propuestas plantearía para salir de la situación?
Necesitamos un plan real y serio que contemple el apoyo a la actividad productiva para superar esta situación, que genere certidumbre y que apueste decididamente por las empresas para salir de esta crisis. Un apoyo como el que están prestando otros países europeos, por ejemplo, Alemania, que destina nada menos que un 60% de su PIB a medidas de apoyo a las empresas; o Francia, que invierte un 23% de su PIB. Muy lejos del 11% de nuestro país, que nos sitúa a la cola de Europa en el apoyo a las empresas que, sin embargo, son de las más afectadas por los efectos económicos de esta pandemia.
Las medidas más eficaces, pese a su clara insuficiencia y limitaciones, han sido la aplicación de los ERTE y los avales del ICO para facilitar la financiación y la liquidez de las pymes. Respecto de la primera, el acuerdo que empresarios y sindicatos hemos alcanzado con el Gobierno en el marco del diálogo social ha permitido desvincular su duración del Estado de alarma, pero esto sigue siendo insuficiente y será necesario considerar la situación de los distintos sectores para abordar su prórroga más allá del 30 de junio.
Por lo que respecta a los créditos ICO, hemos insistido en la necesidad de simplificar los trámites y la burocracia asociados a la concesión de los avales reducir los niveles de garantías que se exigen a las empresas, que provocan que muchas se queden fuera. En
todo caso, creemos que debería fijarse un umbral en el que la concesión de préstamos fuera prácticamente automática; hasta 60.000 euros, hasta 80.000… Eso sería mucho más eficiente, no el cuello de botella que estamos sufriendo.
En cuanto al aplazamiento de impuestos, el límite de 30.000 euros de deuda tributaria por empresa permitido por el Gobierno deja a muchas pymes sin poder beneficiarse de esta medida.
En cualquier caso, todas estas medidas que está adoptando el Gobierno vienen a dar capacidad a la empresa para endeudarse, no son ayudas directas. En las reuniones que mantenemos con el Gobierno llevamos tiempo advirtiendo de la necesidad de dotar un fondo para ayudas directas, porque habrá sectores y empresas que no puedan salir de esta situación sin ellas.
¿Qué necesitan las pequeñas y medianas empresas?
Principalmente, un marco normativo y administrativo que tenga en cuenta la realidad que representan, el 99’8% del tejido empresarial español, y que las ponga en el centro de las políticas y de las medidas, pensando primero en sus necesidades y demandas.
Necesitamos más empresas, más competitivas y más grandes, lo que no quiere decir multinacionales, sino con el tamaño más eficiente para el sector. Eso implica promover la digitalización y la innovación, con incentivos y recursos financieros adecuados, impulsar la internacionalización, en donde las pymes han sido básicas para el crecimiento de las exportaciones y la formación. Estoy seguro que las empresas estamos dispuestas a ir en esa dirección, si el escenario es el adecuado.
Y para ello, es necesaria una mayor simplificación administrativa, reduciendo trámites burocráticos que suponen incrementos de costes y de tiempo y dificultan la competitividad. En este sentido, consideramos prioritario garantizar la unidad de mercado. Por supuesto, necesitamos un marco laboral más flexible, que no penalice la creación de empleo y un marco fiscal que tenga en cuenta la realidad de las pequeñas y medianas empresas y que no cargue sobre ellas incrementos de gasto que se consideren necesarios.
¿Qué reclamaría al nuevo Gobierno?
La principal demanda es que ponga a las empresas en el centro de las políticas, no en la diana. Lo hemos dicho por activa y por pasiva.
Es fundamental conocer la realidad de las empresas y lo que estas suponen para el progreso de nuestro país. Lejos de la dicotomía empresa-progreso social que se quiere imponer en algunos discursos, hay que tener claro que la empresa es progreso y que no hay estado de bienestar sostenible ni progreso social sin las empresas. Baste recordar que las pymes aportan el 75% del empleo nacional y el 65% del valor añadido, y son el pilar de nuestra economía.
Por ello, hemos pedido dos cosas: avanzar, y no frenar, en la línea reformista del modelo económico que ha resultado eficaz en los últimos años e impulsar el modelo del diálogo social, que ha permitido llegar a acuerdos que han sido muy positivos para España.
La unilateralidad – como ha demostrado la subida del SMI que ha generado la pérdida de cerca de 50.000 empleos – no es una buena receta. Como tampoco lo es la derogación de la reforma laboral. Estamos en un momento muy sensible en el mercado laboral como para hacer experimentos.
